Como consecuencia de la COVID-19 estamos en una crisis global sin precedentes, los sistemas de salud están sobrecargados y hemos visto restricciones graves en nuestro entorno.
Así, vemos que los equipos de primaria han cambiado su forma de proceder, no estamos siendo visitados presencialmente y el médico de familia que nos conocía ya no nos atiende. Además, la población no accede por miedo a los servicios de urgencias por dolencias como infarto de miocardio, ictus, etc.
Actualmente, los pacientes hepáticos, en medio de la incertidumbre, desearíamos recibir información clara sobre como continuará el sistema público de salud que hasta ahora nos controlaba y nos trataba. Comprendemos que se ha de adaptar a las problemáticas sanitarias y también sociales y económicas, pero hay poblaciones prioritarias y se tendrían que buscar equilibrios. Hay un gran vacío de información y se plantea que nuestra población en su mayoría no está preparada para que las visitas médicas se limiten al teléfono o la videoconferencia.
Aunque el futuro del virus no lo conocemos, los países han de continuar con los programas de salud y han de adaptarse a la ciudadanía. El derecho a la salud es un derecho fundamental y los pacientes deberíamos estar informados sobre cómo tendremos que afrontar la situación si se posponen o cancelan visitas y exploraciones.
Consideramos que hay dos poblaciones diferenciadas; la población en general, en la que nos incluimos todos, que hemos de protegernos y ser protegidos frente a la COVID-19, y la población con dolencias agudas o crónicas que siguen precisando cuidados médico-quirúrgicos, según las guías clínicas y que no pueden se retrasados.
Las excusas sobre los recortes aplicados desde hace años a los presupuestos de los programas sanitarios ya no nos sirven. Tampoco es de recibo que nos digan que no tienen personal suficiente. Ahora toca trabajar, planificar mejor y buscar los recursos necesarios. Evitar la transmisión de la COVID-19 para salvar vidas y también planificar la asistencia de los pacientes (agudos y crónicos). Si no se hace a tiempo, las consecuencias serán graves, afectarán a la salud pública y aumentarán los costes directos para la atención, no sólo sanitarios sino también sociales.
Fuente: ASSCAT
Autora: Dra. Teresa Casanovas, presidenta de ASSCAT y coordinadora del Comité Científico de la ELPA (European Liver Patients’ Association)
