El adelanto electoral paraliza ayudas a hemofílicos infectados de hepatitis
La disolución anticipada del Parlamento andaluz por el adelanto electoral ha paralizado las ayudas consensuadas por todos los grupos parlamentarios para los 272 hemofílicos andaluces que se infectaron de hepatitis en alguna transfusión de sangre recibida en la sanidad pública de la comunidad.
Los cinco grupos parlamentarios andaluces consensuaron el pasado julio una proposición de ley del Grupo Popular para conceder una ayuda social de 12.020 euros a cada uno de estos afectados, o a sus herederos en caso de fallecimiento, lo que suma una partida de 3,2 millones de euros que atendería una reivindicación que se prolonga desde hace ya 16 años.
Aunque los diputados intentaron acelerar la aprobación de esta ley, la comisión de Salud no pudo finalmente ratificarla por el procedimiento de lectura única en su última reunión del pasado 18 de septiembre.
La convocatoria de elecciones autonómicas y la consiguiente disolución del Parlamento andaluz, formalizada el 8 de octubre, ha paralizado esta iniciativa.
El virus de la hepatitis C fue identificado en 1989, pero antes de ese año, algunos hemoderivados trasfundidos a pacientes de hemofilia u otras coagulopatías congénitas portaban este virus, que en esa fecha no se podía detectar al no existir aún pruebas para prevenir esta transmisión.
Estas pruebas se comenzaron a aplicar en 1990, cuando ya había miles de infectados en España, por lo que el Gobierno central aprobó en 2002 una ley que fijó una ayuda de 18.030,36 euros a cada paciente que desarrolló la hepatitis C por alguna transfusión recibida en la sanidad pública.
Pero dos años antes, en el 2000, la Generalitat de Cataluña estableció una ayuda de 30.050,61 euros para los afectados en su sistema sanitario público, lo que supuso un agravio comparativo con la ayuda estatal.
Por ello, todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía y Navarra, han concedido en los últimos años la ayuda complementaria de 12.020,24 euros que equipara a sus afectados con los de Cataluña.
En el caso de Andalucía, esta ayuda no se ha implementado, pese a que la Asociación Andaluza de Hemofilia (Asanhemo) la ha reclamado desde hace 16 años con 71 gestiones documentadas ante otros tantos responsables de las administraciones y de fuerzas políticas y sociales.
“Teníamos la esperanza de que diera tiempo a aprobar esta ley, consensuada por todos los grupos parlamentarios, pero finalmente no ha sido posible”, ha señalado la presidenta de Asanhemo, María del Carmen de Orta.
Pero ahora se lamenta de que, una vez más, esta ayuda se ha quedado en puertas de ser aprobada, “a pesar de que algunos de sus beneficiarios han fallecido y muchos de los que viven la necesitan con urgencia para mejorar su calidad de vida y costar sus necesidades sanitarias y sociales”.
“La concesión de estas ayudas no es una dádiva, sino un derecho, y para el poder legislativo es un deber de justicia social”, enfatizó De Orta en su comparecencia en el Parlamento de Andalucía.
El Gobierno andaluz se ha mostrado dispuesto a aprobar esta ayuda, pero matiza que las dos únicas fórmulas válidas para hacerlo son mediante una ley específica, como la que finalmente no se ha podido aprobar en esta legislatura, o incluyéndolas en una disposición adicional de la ley de Presupuestos.
Pero para la Asanhemo, la resolución de esta demanda histórica vuelve a quedar, de nuevo, al albur de lo que ocurra en las elecciones del 2D, de qué partido o partidos formen gobierno y de que de puedan aprobar unos nuevos presupuestos.
De Orta confía en que “la buena fe” manifestada por todos los grupos parlamentarios al consensuar la proposición de ley finalmente no aprobada se mantenga en la próxima legislatura, pero recuerda “la mala experiencia” sufrida en 2015, cuando el Presupuesto de la Junta incluyó una enmienda para abonar 1,26 millones de euros a estos afectados, “que finalmente se quedó en cien mil euros”.
Fuente: lavanguardia.com
